El documento pretende servir de apoyo a las diferentes autoridades públicas competentes y a los agentes económicos a interpretar las disposiciones de la Directiva RAEE 2 así como del Real Decreto con el fin de garantizar el cumplimiento de sus requisitos. Aunque la Directiva se dirige únicamente a los Estados miembros, los derechos y obligaciones para los agentes privados se derivan exclusivamente de las medidas aprobadas por las autoridades de los Estados miembros para implementarla. En el caso de España, su implementación es a través del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Este documento es un “documento vivo” y, en consecuencia, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente irá actualizándolo según sea necesario a la luz de la experiencia en la implantación del nuevo Real Decreto y cualquier otro requerimiento futuro.
